miércoles, 9 de julio de 2008

A continuación el discurso del presidente Leonel Fernández en la inauguración de la XV1 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana

A nombre del Gobierno de la República Dominicana, les doy la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes, agradeciéndoles su comparecencia a este importante evento.

Para nosotros, la celebración de esta XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en suelo dominicano tiene un inmenso valor, sobre todo, por la oportunidad que nos brinda de consolidar las relaciones a nivel regional y fortalecer mucho más los lazos de cooperación en materia de persecución y prevención del crimen y el delito en sus diversas manifestaciones.

Todos los aquí presentes reconocemos la importancia de estos foros para la discusión de los principales problemas que enfrentan nuestros países, los cuales tienen mucho más en común que diferencias a conciliar, por lo que la cooperación regional resulta de primer orden, al ser el crimen organizado tan voluble y adaptable a las nuevas formas y tecnologías, convirtiéndose en necesidad vital el estar a la altura de las características actuales de los fenómenos delictivos.

Como país entiendo que hemos venido dando los pasos necesarios para ganar legitimidad en el espacio iberoamericano, y de manera principal para consolidar la figura del Ministerio Público, reenfocando la misión de la institución y dando cabida a nuevas formas y métodos de persecución y prevención del delito.

A consecuencia de la reforma procesal penal nos hemos visto en la necesidad de tener que adaptar todo el sistema de justicia penal a las nuevas exigencias procesales y demandas constantes de una sociedad más democrática y actualizada, siendo el Ministerio Público la parte dinamizadora de ese proceso y teniendo ahora mayores responsabilidades en las tareas de investigación y persecución de los crímenes, por lo que un Ministerio Público fortalecido se traduce en un sistema de justicia más eficiente y con mayor capacidad de dar respuestas oportunas a los diferentes conflictos sociales, siendo este uno de los principales desafíos de los Ministerios Públicos actuales, propiciando un enfoque integral en la aproximación a dichos conflictos.

Por demás, ese proceso de democratización de la justicia implica llevar a cabo progresos significativos en cuanto al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual requiere serios compromisos y esfuerzos cuya complejidad supera los mecanismos para mejorar el acceso a la justicia, no menos importante, por lo que para consolidar la democracia y nuestros sistemas judiciales, debemos afianzar las instituciones públicas de manera tal que su norte sea el respeto a las leyes y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Es mi deseo que esta oportunidad sirva para concretar propuestas que fortalezcan el posicionamiento de liderazgo de la región en el ámbito internacional, a la vez de consolidar los sistemas de persecución y prevención de los delitos, articulando esfuerzos que permitan respuestas más eficientes y adecuadas.

Puedo aseverar que el gobierno dominicano se encuentra sumamente comprometido con estos procesos de institucionalización, y sobre todo con la instalación de la Carrera del Ministerio Público en la República Dominicana.

En ese sentido, el Reglamento de la Carrera, aprobado en fecha 5 de enero de 2006, constituye uno de los pasos de mayor nivel y trascendencia en la puesta en vigencia del Estatuto del Ministerio Público, el cual crea un marco normativo que garantiza la transparencia y legitimidad del proceso de ingreso a la Carrera y establece los criterios institucionales para su implementación.

De esta forma, nadie puede ingresar al Ministerio Público sino luego de haber participado en un concurso público de oposición convocado por la Escuela Nacional del Ministerio Público, y haber pasado satisfactoriamente las evaluaciones de lugar.

Del mismo modo, el ingreso a la Carrera exige que los aspirantes al primer escalafón aprueben los programas de formación diseñados por la Escuela a tales fines.

Precisamente, una de nuestras metas es consolidar la Carrera del Ministerio Público a través de su reconocimiento constitucional.

En efecto, la reforma constitucional se presenta como el escenario idóneo para encauzar el proceso de definición institucional del Ministerio Público y para asegurar la sostenibilidad del proceso que actualmente experimenta, además de brindar la oportunidad de constitucionalizar los principios rectores de legalidad, objetividad, unidad de actuación.

En ese orden de ideas, quiero destacar el papel estelar que ha jugado la Escuela Nacional del Ministerio Público, institución que tiene a su cargo fortalecer el grado de conocimientos jurídicos de los miembros del Ministerio Público y de los aspirantes a miembros, por ser pieza fundamental del proceso de consolidación de la institución, asegurando profesionales altamente capacitados y comprometidos con su rol en la sociedad.

Finalmente, quiero felicitar al Señor Procurador General de República, Dr. Radhamés Jiménez Peña, por haber asumido fielmente el compromiso del gobierno dominicano con este proceso, y por la iniciativa de provocar una inserción cada vez más creciente del Ministerio Público dominicano en los espacios de cooperación regional.

No quiero dejar pasar la oportunidad para reafirmar ante esta XVI Asamblea General Ordinaria el compromiso de seguir aportando nuestro mejor empeño para mantener vigentes estos foros tan importantes para la promoción del diálogo y la cooperación regional, en cuanto a la formulación de políticas en materia de justicia penal, los cuales hacen posible la instrumentación de mecanismos para mejorar sustancialmente los procesos de investigación criminal, con énfasis en la prevención y persecución eficaz de los delitos que afectan nuestras sociedades.

Muchas gracias.

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